FABRICANTE PROCESADO

POR UN JUEZ FEDERAL

Fabricante textil procesado y confiscado

Por primera vez un juez federal procesa a un fabricante de ropa por reducción a la servidumbre de sus empleados. Además ordena que el taller siga activo lo que evita la perdida de fuentes laborales. Por Lucas Schaerer 'Por fin te llamó por una buena noticia. Un fallo espectacular de un juez federal que procesa a un fabricante y no sólo al tallerista por trabajo esclavo. Además el juez aplicó la ley de Trabajo a Domicilio y no como el ministro de Trabajo Nacional (Carlos Tomada) que la pretende derogar en el Congreso', fueron las palabras de Gustavo Vera, la cara visible de

La Alameda que a raíz de la denuncia de una costurera hizo socavar a un fabricante favorecido económicamente con el sometimiento a servidumbre de casi cincuenta personas. Estas personas sometidas, entre ellas unos veinte menores de edad y todos inmigrantes, trabajaban en jornadas extensas con maquinas computarizadas en un taller clandestino, ubicado en Deán Funes 1754/1760, en el barrio de Parque Patricios.

El procesamiento dictado este martes 2 por el juez federal Sergio Torres es inaudito porque permita la continuidad laboral del taller y también fue sorprendente la marcha de costureros para este miércoles, a partir de las 11 que se extendió hasta las 14, mientras que representantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el querellante Rodolfo Yanzón y Gustavo Vera conversaban con el magistrado para que no se pierdan las fuentes laborales.El dueño del taller textil de Deán Funes es un ciudadano coreano llamado Ki Sum Kim, quien además es dueño de un comercio de ropa ubicado en la calle Avellaneda.

El fabricante había designado como capataz del taller a Eloy René Chuca Aduviri, de nacionalidad boliviana. Tanto Kim y Chuca Aduviri están procesados según el juez Torres por los delitos de reducción a la servidumbre del personal a su cargo (artículo 140 del Código Penal), infracción a la ley de Migraciones (por contratar a trabajadores indocumentados) y a la ley de Trabajo a Domicilio (12.713).

En el fallo, el magistrado también dicto el embargo de bienes por un millón de pesos.El juez consideró que hay semiplena prueba de reducción a la servidumbre, ya que en el taller 'la mayoría de las víctimas eran extranjeros en situaciones migratorias irregulares, situación de vulnerabilidad que fue aprovechada por los imputados para someter a estas personas, pues carecían de opciones dignas de trabajo'.

De los testimonios reunidos surgió que en el taller se encontraban 'a altas horas de la noche varias personas mayores de edad, gran cantidad de máquinas de coser, cantidades de telas y prendas en confección, las que junto a las características del lugar –falta de higiene, ausencia de ventilación– termina de configurar el estado compatible con la situación de servidumbre'.Por la Ley de Trabajo a Domicilio, que está siendo cuestionada por el propio ministro de Trabajo Nacional Carlos Tomada, el magistrado con sede en Comodoro Py acreditó que 'ninguno de los costureros empleados por Kim y Chuca Aduviri se encontraban en blanco, así como tampoco habilitado el inmueble por las autoridades pertinentes, agregado a ello los magros salarios reconocidos por las partes'. Según los testimonios, los empleados cobraban entre 400 y 1000 pesos mensuales.'No podíamos salir para nada. Nos decían que como no teníamos documentos nos iban a agarrar y nos iban a meter presos. Teníamos mucho miedo. No hablábamos por teléfono con nadie y sólo nos conocíamos los que estábamos ahí adentro', relató un testigo de identidad reservada, según consta en la causa resuelta en tres meses.

En base a las pruebas secuestradas durante un dudoso allanamiento en el mes de mayo, Torres procesó sin prisión preventiva al empresario Kim y al tallerista Chuca Aduviri, y embargó los bienes de ambos hasta cubrir un millón de pesos por cabeza. Lo más novedoso del fallo, sin embargo, es la orden del juez para que se ponga 'la totalidad de las máquinas textiles' que se encuentran en el inmueble de la calle Deán Funes 'a disposición de una organización social a los efectos de que por su intermedio se continúe la actividad laboral, cumpliendo de esa forma con el rol social y económico' a las que pueden ser destinadas. También le propone al querellante (la Liga por los Derechos Humanos) que fije un lugar donde pueden ser trasladadas las máquinas.La Liga por los Derechos Humanos en el marco de la marcha a los tribunales federales hizo saber al juez Sergio Torres, que el lugar asignado es un local que provisoriamente utiliza La Alameda, alquilado por la Corporación Buenos Aires Sur, en Directorio casi esquina Mariano Acosta.El taller lo gestionará el INTI que lo integrará al Polo Textil en Barracas aún no inaugurado por demoras de obra. Entonces, por primera vez se pasará de un taller clandestino a uno que respete todas las leyes laborales vigentes.

NOTICIAS URBANAS estuvo presente del principio al fin del allanamiento en aquel viernes 26 de mayo extremamente frío, cuando el subsecretario de Trabajo porteño, Jorge Ginzo, el director de Protección del Trabajo, Nicolás Siseles; y la directora de Trabajo Domicilio, Liliana Rapicaboli, además de los inspectores rasos, no pudieron participar del allanamiento en un comienzo.

Por imposición del titular de la seccional 20, Ricardo Clarc, los funcionarios porteños estuvieron dos horas esperando en la vereda del taller textil para poder ingresar a dar constancia de las condiciones laborales que finalmente no cayeron en saco roto y fueron penadas.