Tras conocerse la sentencia por la masacre de Curuguaty en
Paraguay, dialogamos con Federico Ovejero, integrante del Movimiento 138, colectivo
de residentes paraguayos en Argentina. El cuestionable proceso judicial arrojó condenas
a campesinos que van desde 35 hasta 4 años por homicidio doloso agravado,
asociación ilícita e invasión de
inmueble. El caso desencadenó en el Golpe de Estado al ex presidente Fernando
Lugo en 2012.
“La Fiscalía no investigó las 17 muertes, investigó sólo las de los 6 policías.
No se sustentó en hechos ni derechos, fue mera politiquería”, aseguró Ovejero.
El 15 de junio de 2012 se produjo el violento desalojo que cobró las vidas de
11 campesinos en su lucha por ocupar tierras fiscales, en un contexto de
acentuada concentración en manos privadas.
“Un 2 % de la población tiene casi el 90 % de las tierras.
Es
un proceso que viene desde la Guerra de la “Triple Infamia”, la guerra de la
Triple Alianza en 1870. Que se profundizó durante la larga dictadura de
Stroessner (1954-1989)”
“El resultado del proceso judicial fue este cachivache de
sentencia. Tomaron toda la acusación de la Fiscalía, que tomó como pruebas por
ejemplo un rollo de papel higiénico, de supuesta invasión de inmuebles o de
asociación ilícita, o una tableta de analgésicos. Pero las balas de disparos de
alta precisión desaparecieron. Y las pruebas relevantes como el video de un
helicóptero... o muertes incluso; porque quien conducía el helicóptero falleció
el año pasado antes del juicio... o Vidal Vega, un dirigente campesino que venía
recolectando pruebas en la zona, asesinado por sicarios. Hablamos de todo un
entramado narcoganadero vinculado con el poder”, remarcó el entrevistado, y
añadió: “De los 17 muertos hay varios atrapados con vida y que después aparecen
con disparos en la cabeza”. De dos menores que enfrentan causas, una habría
sido torturada por la fuerza policial.
“Hubo ejecuciones extrajudiciales en el proceso de la
masacre.
Hablamos de violaciones a los Derechos Humanos básicos”
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