“Son evidentes los intereses en lograr una condena y un juicio ejemplificador”

Dialogamos con Relmu Ñamku, referente mapuche de la comunidad Winkul Newen (Neuquén), tras el inicio de un juicio oral que la imputa por “tentativa de homicidio”, a raíz de la defensa del territorio indígena frente a la empresa petrolera Apache Corporation. Es el primer proceso de América Latina con traducción simultánea en mapuzungun y un jurado intercultural, con la mitad de los integrantes del pueblo Mapuche. Sin embargo, la defensa impugna la selección y solicita una nueva por no haber sido consultada.

Ñamku - N. Cortiñas - P. Pimentel

“Son evidentes los intereses que hay detrás cuando hay un abogado racista que pone todo su interés en lograr una condena y un juicio ejemplificador”, sostvuo la referente en alusión al querellante Julián Álvarez, que en sus palabras “se ha caracterizado por levantar la bandera antimapuche y generar condiciones para la organización ADELEY (Argentinos en Defensa de la Ley), que se conformó con petroleras y estancieros, y que acusaba al movimiento mapuche de ‘fábrica de talibanes’”. 

La querella y el Ministerio Público Fiscal de la provincia también imputan a Martín Maliqueo y Mauricio Raín. Y piden 15 años de cárcel para Ñamku, una pena que organizaciones como Amnistía Internacional consideran desproporcionada respecto a los hechos, en principio caratulados como “lesiones”. La misma entidad resume: “Se la acusa de haber arrojado una piedra para frenar a las topadoras que ingresaban al territorio, y haber herido a una empleada judicial (que notificaba el desalojo junto a policías y guardias privados de la compañía)”. Los sucesos se produjeron el 28 de diciembre de 2012, minutos antes de la feria judicial, cuando la multinacional estadounidense Apache fue autorizada a ingresar en Winkul Newen (paraje Portezuelo Chico, a 30 kilómetros de Zapala), por la jueza Ivonne San Martín.

“Apache se instaló y empezó a avanzar sobre nuestro territorio sin ningún tipo de consulta. Con todas las garantías del Estado”, señaló Relmu. La comunidad resiste hace más de una década la ocupación de la empresa, cuyos activos adquirió YPF en 2014 por un monto cercano a los 800 millones de dólares. “Esto nos ha llevado a distintos escenarios de conflicto. Desde militarización del territorio hasta inspecciones oculares a la noche, desalojos... Es para escribir una enciclopedia todos los hechos de violencia, y también la ausencia del Estado porque en ningún momento escucharon o dieron una solución”, amplió la referente.

La contaminación ambiental resultado de la explotación petrolera es uno de los puntos más agudos del conflicto. El día anterior a los hechos que llevan al juicio, la comunidad sepultaba a una bebé. Se sospecha que esa misma polución causó su deceso. “Jamás se investigó. Es doloroso que esta justicia solamente existe para los poderosos o los que tienen plata pero no para nosotros”, planteó Ñamku, y advirtió también sobre una eventual explotación por fractura hidráulica (fracking): “Somos vecinos de la comunidad Gelay Ko, donde se hizo el primer pozo de fracking (de Latinoamérica) y podemos hablar de que la lonko Cristina Linkopán falleció como producto de la contaminación”.

Por último, Ñamku remarcó la próxima llegada del qarashé qom Félix Díaz en apoyo a los imputados, y valoró en ese sentido la consolidación de “un trabajo mucho más fuerte desde los pueblos originarios para enfrentar estas situaciones tan graves de manera conjunta”, tras la segunda Cumbre de Pueblos y Naciones Indígenas celebrada en Jujuy en el mes de septiembre.